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Con los Borbones la organización territorial de España era un Estado centralizado aunque se respetaban los fueros vascos y navarros. Tras la revolución francesa y las guerras napoleónicas se va consolidando el concepto de Estado-nación y aparecen los movimientos nacionalistas. El siglo XIX (denominado siglo Horribilis en España) es caracterizado por una gran cantidad de constituciones (se cuentan un total de 6) que forman parte de muchos pronunciamientos y conflictos institucionales. El periodo autonómico se inició tras la promulgación de la Constitución de 1978, que establecía un Estado descentralizado, el Estado de las Autonomías (art.2).
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| Constitución de 1978 |
Pero la Constitución no dejaba cerrada la estructura del Estado, ya que ello solo seria posible a partir del momento en que se hubiera ejercido realmente el derecho a la autonomía dentro de las posibilidades y limites fijados en la Constitución y se hubieran constituido los titulares del derecho a la autonomía en Comunidades Autónomas. La Constitución, por tanto, no estaría completa hasta que no hubieran sido aprobados los diferentes Estatutos de Autonomía (según el art. 147 los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma) siendo el último aprobado el de Ceuta y Melilla en el año 1995 y dando por concluida la organización territorial de España.
Desde entonces, el Estado obtiene financiación de las CCAA mediante: cesión de parte del IRPF, participación de los ingresos del Estado, transferencias de la Seguridad Social y asignaciones de nivelación (FCI).
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| Aportación de las CCAA al PIB nacional |
Ahora bien, aunque el Estado de las Autonomías ha sido durante muchos años uno de los pilares de la convivencia entre los diferentes territorios de España, la crisis económica actual está poniendo de manifiesto las insuficiencias del sistema territorial de España ya que, a pesar de las múltiples transferencias realizadas, no se ha conseguido un equilibrio entre las obligaciones que conllevan esas transferencias y las necesidades para su financiación.
Además, el sistema autonómico ya nació con una diferenciación entre el País Vasco y Navarra con el resto de España, basado en el respeto de derechos históricos de los territorios forales (esta diferencia ha sido motivo de queja de muchas otras regiones, como Cataluña, que les parece injusto). Este sistema de financiación (Régimen Foral) se caracteriza porque País Vasco y Navarra tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario, lo que significa que la gestión, liquidación y recaudación de la mayoría de los impuestos (a excepción de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los impuestos especiales y en el IVA) corresponde a cada uno de los territorios del País Vasco y Navarra.
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| Comparación internacional del peso del sector público en el PIB |
Con la crisis ( y su consecuente caída de la producción y de las rentas) se ha producido una reducción en la recaudación de impuestos del Estado y, por tanto, de la parte que corresponde a las CCAA. Añadiendo el gasto excesivo que estas realizan y el elevado nivel de endeudamiento alcanzado, se puede explicar el estado de quiebra financiera alcanzado en la mayoría de las autonomías. Y, debemos saber, que el déficit de las CCAA constituye una de las mayores dificultades para ajustar el conjunto de déficit de la administración pública y cumplir con los compromisos adquiridos con la UE.
Es por esto por lo que muchos analistas opinan que el sistema actual de las CCAA es insostenible desde el punto de vista financiero y proponen, como lo hace la economista Carmen Alcaide en un artículo del periódico El País (artículo periodístico aquí), una reforma del sistema de financiación que iniciase un proceso asimétrico en función de las necesidades y deseos de las diferentes autonomías y creara un pacto fiscal con mayor cobertura en la recaudación de impuestos.
En definitiva, si iniciásemos un proceso serio en este sentido, se mejoraría la credibilidad de España dentro de la UE y los mercados internacionales.
Bibliografía:
